Uruguay debe procurar que el proyecto de combustibles sintéticos de HIF Global se concrete en Paysandú. La producción de hidrógeno verde y derivados constituye una actividad industrial con posibilidades de desarrollo en las próximas décadas, capaz de generar inversiones, empleo y nuevas exportaciones. Sin embargo, apoyar esa industria no significa aceptar cualquier condición económica. Las objeciones técnicas conocidas el 14 de noviembre, que advierten sobre una eventual pérdida mínima de US$ 1.300 millones para UTE, refuerzan una posición que ICI Forestal ha sostenido en sus informes anteriores: la inversión es bienvenida, pero el suministro eléctrico debe cubrir sus costos reales y las obligaciones deben distribuirse de manera equilibrada. El futuro de una industria no puede construirse debilitando a la empresa pública que hizo posible la transformación energética uruguaya.
La discusión sobre el proyecto de → HIF Global en Paysandú ha llegado a un punto en el que resulta indispensable separar dos cuestiones diferentes: la conveniencia de desarrollar una nueva industria de combustibles sintéticos y las condiciones económicas que el Estado uruguayo debería aceptar para hacerla posible.
La primera merece respaldo. La segunda exige rigor.
Uruguay necesita inversiones productivas, nuevas actividades industriales y oportunidades de empleo de calidad. El hidrógeno producido mediante electricidad renovable y los combustibles sintéticos derivados pueden desempeñar un papel relevante en la descarbonización de actividades difíciles de electrificar directamente.
La industria del transporte marítimo, determinados segmentos de la aviación y otros usos industriales podrían encontrar en estos combustibles alternativas para reducir su dependencia de los derivados del petróleo, siempre que se cumplan las condiciones ambientales y económicas necesarias.
No se trata, por tanto, de rechazar una actividad industrial por ser nueva, compleja o de gran escala.
El problema aparece cuando su viabilidad pretende apoyarse en condiciones de suministro eléctrico que podrían generar pérdidas significativas para el patrimonio público.
Una advertencia que no puede ignorarse
El 14 de noviembre, → El Observador publicó una investigación de Ramiro Pisabarro basada en un informe técnico al que accedió el medio.
Según esa información, representantes de la Dirección Nacional de Energía del → Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y de la → Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) plantearon objeciones sustanciales al borrador de entendimiento que se negocia con HIF.
El informe considera que las condiciones examinadas resultarían económicamente desfavorables para Uruguay y advierte sobre inversiones anticipadas, insuficiencia de ingresos y riesgos que quedarían principalmente a cargo de la empresa pública.
Las estimaciones incluyen una pérdida anual cercana a US$ 90 millones y una pérdida acumulada mínima de US$ 1.300 millones durante la vigencia del contrato.
Estas cifras corresponden a una evaluación técnica del escenario contractual analizado. No representan pérdidas ya registradas por UTE ni un resultado inevitable de cualquier acuerdo futuro.
Precisamente por eso, deben utilizarse para corregir las condiciones de negociación antes de asumir compromisos definitivos.
El problema no es HIF: es vender electricidad por debajo de su costo
ICI Forestal ha señalado anteriormente que la discusión no puede reducirse a determinar un precio atractivo para el inversor.
Una tarifa eléctrica debe evaluarse considerando el costo integral de abastecimiento, la potencia comprometida, la infraestructura de transmisión, los servicios de respaldo y las inversiones que exige atender al consumidor.
Según la información divulgada, el borrador actualmente examinado contempla un precio de US$ 45 por megavatio hora, con peaje incluido.
Los técnicos citados por El Observador consideran que ese valor no permitiría recuperar los costos de UTE bajo las condiciones propuestas.
La cuestión fundamental no consiste en determinar si US$ 45 por MWh es una tarifa baja o alta en términos abstractos.
Consiste en establecer si los ingresos que recibiría UTE compensan efectivamente todos los costos y riesgos que debería asumir.
Si la respuesta técnica es negativa, la diferencia constituye un beneficio económico para el consumidor industrial financiado por la empresa pública.
Ese mecanismo puede funcionar, en términos económicos, como una subvención indirecta, aunque no aparezca identificado como subsidio en una partida presupuestal.
No significa que ya exista una subvención aprobada: significa que el esquema cuestionado podría producir ese resultado si se firmara y ejecutara sin modificaciones.
Una industria de futuro no necesita esconder sus costos
El desarrollo de combustibles sintéticos todavía enfrenta desafíos tecnológicos, financieros y comerciales.
Producir hidrógeno mediante electrólisis requiere grandes cantidades de electricidad. Transformarlo posteriormente en combustibles sintéticos incorpora nuevas instalaciones, procesos industriales y costos.
La disponibilidad de electricidad renovable competitiva es, por tanto, uno de los elementos decisivos para esta actividad.
Pero la necesidad empresarial de reducir costos no obliga al Estado a suministrar energía por debajo de su costo económico.
La competitividad de una industria debe construirse mediante tecnología, eficiencia, escala, financiamiento adecuado y contratos sostenibles.
No debería depender de que una empresa pública absorba pérdidas estructurales para permitir que un emprendimiento privado alcance sus objetivos comerciales.
Una industria verdaderamente sostenible debe serlo también desde el punto de vista económico.
Más de US$ 450 millones antes de una decisión definitiva
Otro aspecto particularmente preocupante del informe divulgado es la posibilidad de que UTE deba comprometer más de US$ 450 millones en infraestructura antes de que HIF adopte su decisión final de inversión.
Las obras mencionadas incluyen capacidad de respaldo térmico, infraestructura de red y equipos necesarios para estabilizar el suministro eléctrico.
Según la información publicada, el borrador permitiría que la empresa tomara su decisión definitiva hasta fines de 2028, sin una penalización equivalente si resolviera no continuar.
Esto plantea una distribución desequilibrada de responsabilidades.
El Estado podría quedar obligado a preparar infraestructura costosa, mientras el inversor conservaría un margen considerable para postergar o abandonar su proyecto.
No se trata de impedir que una empresa evalúe sus riesgos comerciales. Se trata de que esa evaluación no obligue a UTE a asumir compromisos irreversibles sin garantías suficientes.
Las inversiones de infraestructura deben acompañarse de obligaciones contractuales proporcionales y mecanismos efectivos de recuperación de costos.
El principio que falta: quien reserva capacidad debe asumir compromisos
El informe técnico también cuestiona la ausencia de una obligación de pago mínimo por la demanda eléctrica reservada.
En los contratos internacionales de grandes consumidores se utilizan mecanismos conocidos como take or pay, mediante los cuales el comprador asume determinadas obligaciones económicas aun cuando consuma menos de lo previsto.
Su finalidad es reducir el riesgo de construir infraestructura para una demanda que posteriormente no se materializa.
Esto no significa que deba cobrarse indiscriminadamente por electricidad no utilizada.
Significa que los costos de disponer de potencia, mantener equipos de respaldo y reservar capacidad deben tener una remuneración contractual adecuada.
Si HIF necesita que UTE garantice una determinada potencia para asegurar el funcionamiento de su planta, esa disponibilidad tiene un costo económico que no desaparece cuando el consumo resulta menor.
La distribución de ese riesgo debe formar parte central de la negociación.
El contraste con Google y Solaria
La discusión adquiere mayor relevancia cuando se compara con otros grandes consumidores tecnológicos.
Según la investigación de El Observador, las referencias de suministro para Google y Solaria se sitúan en torno a US$ 86 por MWh, frente a los US$ 45 por MWh contemplados en el borrador cuestionado para HIF.
Las diferencias contractuales deben evaluarse cuidadosamente, porque no todos los proyectos presentan el mismo perfil de demanda, infraestructura, respaldo y condiciones de suministro.
Por tanto, la comparación de precios no demuestra por sí sola que los contratos sean equivalentes.
Pero una diferencia de esa magnitud exige una explicación económica transparente.
Uruguay debe procurar condiciones competitivas para atraer inversiones, sin generar privilegios cuyo costo termine siendo asumido por otras actividades productivas o por los consumidores residenciales.
También hay que proteger a la industria que ya existe
Uruguay cuenta con actividades industriales y agroindustriales que utilizan electricidad para producir, conservar, transformar y exportar bienes.
Frigoríficos, industrias forestales, plantas de celulosa, establecimientos arroceros, sistemas de riego, instalaciones de refrigeración y otras empresas dependen de un abastecimiento eléctrico confiable y económicamente competitivo.
Es legítimo promover nuevos sectores industriales. Pero también resulta necesario considerar el tratamiento que reciben quienes ya producen, emplean trabajadores y pagan sus tarifas en el país.
Si un gran inversor obtiene electricidad por debajo de su costo integral, corresponde explicar quién financiará la diferencia y qué consecuencias podría tener sobre la sostenibilidad de UTE.
El desarrollo nacional no debería enfrentar artificialmente a las industrias existentes con las nuevas inversiones.
La política energética debe crear condiciones para que ambas puedan crecer sin que unas deban financiar indirectamente la actividad de otras.
La transformación energética uruguaya tiene un valor que debe preservarse
Uruguay construyó durante las últimas dos décadas una transformación profunda de su sistema eléctrico.
El proceso, impulsado desde mediados de la década de 2000 mediante decisiones políticas, planificación técnica e inversiones públicas y privadas, permitió desarrollar una matriz de generación con elevada participación de fuentes renovables.
UTE desempeñó un papel decisivo en esa transformación mediante la expansión y operación de la infraestructura nacional.
Esa capacidad constituye hoy una ventaja para atraer actividades industriales y tecnológicas.
Pero la electricidad renovable no es gratuita.
Las redes, las centrales, los contratos de suministro, las reservas operativas y los servicios de respaldo tienen costos que deben ser reconocidos.
El hecho de que Uruguay haya construido una matriz energética avanzada no significa que deba entregar esa ventaja a cualquier precio.
Por el contrario, corresponde utilizarla para promover nuevas actividades que también contribuyan al fortalecimiento del sistema eléctrico y de la economía nacional.
Reservar potencia también puede impedir otras inversiones
Según la información publicada, los técnicos del MIEM y UTE advierten que mantener capacidad reservada para HIF hasta fines de 2028 podría dificultar la atención de otros proyectos industriales y tecnológicos.
La observación es relevante porque la capacidad de transmisión y respaldo eléctrico no es ilimitada.
Cuando una empresa solicita una demanda de gran magnitud, puede resultar necesario modificar la planificación de obras y reservar infraestructura que otros consumidores también podrían necesitar.
La decisión debe considerar no solamente el valor de una inversión individual, sino también las oportunidades que podrían quedar postergadas.
En este contexto, resulta indispensable establecer plazos razonables para confirmar las inversiones y mecanismos que permitan liberar capacidad cuando un proyecto no avance.
Uruguay no debería inmovilizar recursos estratégicos durante años sin recibir compromisos suficientes a cambio.
El Gobierno debe continuar negociando, pero con límites claros
El presidente Yamandú Orsi ha manifestado su voluntad de encontrar una solución que permita concretar el proyecto.
Esa voluntad resulta comprensible. Paysandú necesita oportunidades de desarrollo productivo y la industria de combustibles sintéticos podría contribuir a diversificar la economía uruguaya.
Sin embargo, buscar un acuerdo no significa aceptar condiciones que los propios organismos técnicos consideran perjudiciales para el país.
El control técnico de los ministerios y las empresas públicas constituye una herramienta de buen gobierno.
Que la Dirección Nacional de Energía y UTE planteen objeciones no debe interpretarse necesariamente como una oposición política a la inversión ni como una pérdida de confianza en las autoridades.
Por el contrario, identificar riesgos antes de firmar constituye una función esencial de la administración pública.
La responsabilidad del Gobierno consiste en utilizar esa información para alcanzar mejores condiciones.
Qué condiciones debería reunir un acuerdo aceptable
Un acuerdo sostenible debería asegurar que el precio de la electricidad y los cargos asociados permitan recuperar los costos económicos que UTE deba afrontar.
También debería establecer compromisos verificables de demanda, garantías financieras suficientes y responsabilidades claras sobre las obras necesarias para atender el proyecto.
La reserva de capacidad tendría que acompañarse de plazos y obligaciones que eviten inmovilizar infraestructura sin una decisión efectiva de inversión.
Asimismo, las condiciones de compra y venta de energía entre HIF y UTE deberían guardar un equilibrio razonable, evitando que una parte concentre las ventajas mientras la otra asume la mayor parte de los riesgos.
La evaluación ambiental, las autorizaciones territoriales y las obligaciones regulatorias deberán continuar sus procedimientos correspondientes, independientemente de la negociación comercial.
Estas exigencias no buscan impedir la instalación de HIF. Buscan que el proyecto pueda concretarse sobre bases capaces de sostenerse durante décadas.
Si la industria necesita apoyo público, debe discutirse abiertamente
Existe una diferencia fundamental entre una política industrial explícita y una subvención que queda escondida dentro de las cuentas de una empresa pública.
Un Estado puede decidir promover determinadas actividades estratégicas mediante instrumentos legales, presupuestales o fiscales.
Pero esas decisiones deben ser transparentes, estar justificadas por beneficios verificables y permitir conocer quién aporta los recursos y qué recibe el país a cambio.
No corresponde que una eventual ayuda económica se oculte mediante tarifas que no cubren los costos del suministro.
Si la industria de combustibles sintéticos todavía no puede operar comercialmente sin apoyo, corresponde discutir esa situación con claridad y evaluar sus alternativas.
Lo que no resulta aceptable es trasladar silenciosamente el costo a UTE y, por esa vía, comprometer recursos que pertenecen al conjunto de los uruguayos.
HIF debe hacerse, pero no a cualquier precio
Uruguay no debería renunciar a participar en una industria que puede adquirir importancia creciente durante las próximas décadas.
Tampoco debería desconocer los esfuerzos realizados para atraer una inversión de gran escala a Paysandú.
Pero la defensa del desarrollo industrial debe incluir la defensa de las empresas públicas y del patrimonio nacional.
La inversión privada es bienvenida cuando genera valor, empleo y oportunidades productivas. La cooperación con el Estado también puede resultar beneficiosa cuando existen responsabilidades y beneficios equilibrados.
La advertencia técnica sobre eventuales pérdidas multimillonarias exige revisar las condiciones actualmente planteadas.
El objetivo debe ser alcanzar un acuerdo que permita instalar la industria, pero sin vender electricidad por debajo de su costo económico integral, sin comprometer infraestructura pública desprotegida y sin trasladar riesgos desproporcionados al país.
La posición es clara: Uruguay necesita HIF, necesita hidrógeno verde y necesita combustibles sintéticos. Pero también necesita una UTE sólida, capaz de seguir abasteciendo a los hogares y a las industrias, invirtiendo en el futuro energético nacional.
El desafío no es elegir entre HIF y UTE. Es construir un acuerdo en el que ambas puedan desarrollarse sin que el interés particular termine imponiéndose sobre el interés general.
Fuentes y antecedentes
ICI Forestal – Informe y análisis editorial propio. 14 de noviembre de 2026.
Imagen propia de ICI Forestal generada mediante inteligencia artificial, con logotipo institucional original. Representación conceptual de infraestructura industrial y eléctrica; no corresponde a la planta real proyectada por HIF Global en Paysandú.
