Seguir la ruta del dinero: el gobierno busca corregir las debilidades que favorecen al crimen organizado en Uruguay

El gobierno de Yamandú Orsi considera que Uruguay necesita modificar la forma en que investiga el lavado de activos para enfrentar con mayor eficacia al narcotráfico y al crimen organizado. Este viernes 20 de noviembre, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, anunció que es altamente probable que el Poder Ejecutivo insista en cambios legislativos después de que la Cámara de Diputados no aprobara la eliminación de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. La discusión no se limita a la organización del Ministerio Público: plantea si el Estado está investigando adecuadamente el destino del dinero obtenido mediante actividades criminales y si cuenta con instrumentos suficientes para desarticular las estructuras económicas que las sostienen.

Las declaraciones fueron realizadas durante un conversatorio sobre la relación entre el microtráfico de drogas y el lavado de activos, en el que se analizaron las respuestas que pueden desarrollar el sistema político y las instituciones públicas.

Díaz sostuvo que los resultados de la persecución penal del lavado de activos son insuficientes y cuestionó el funcionamiento de un modelo que, según su evaluación, dificulta investigar conjuntamente los delitos que producen ganancias ilícitas y las operaciones utilizadas para ocultarlas.

La posición del gobierno es que perseguir exclusivamente a quienes venden, transportan o distribuyen drogas resulta insuficiente si no se investigan simultáneamente los mecanismos mediante los cuales las organizaciones criminales administran, transfieren e incorporan sus ganancias a la economía legal.

El problema no termina cuando se incauta la droga

Las organizaciones dedicadas al narcotráfico necesitan estructuras económicas para funcionar. Deben financiar operaciones, transportar mercaderías, adquirir bienes, pagar colaboradores y ocultar el origen de sus ingresos.

La detención de integrantes de una organización puede interrumpir determinadas actividades, pero no necesariamente elimina las redes financieras que permiten reconstruirlas.

Por esa razón, las investigaciones sobre lavado de activos constituyen una herramienta fundamental para identificar beneficiarios, recuperar bienes provenientes de delitos y debilitar la capacidad económica de las organizaciones criminales.

El enfoque defendido por Díaz consiste en investigar de manera coordinada el delito precedente —por ejemplo, narcotráfico— y las operaciones destinadas a ocultar o transformar sus ganancias.

La cuestión central es cómo lograr esa coordinación sin perder conocimientos especializados ni afectar las garantías que deben regir toda investigación penal.

Por qué el gobierno cuestiona la Fiscalía especializada

La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos fue creada durante la administración de Luis Lacalle Pou con el propósito de concentrar capacidades técnicas para investigar operaciones financieras complejas.

Sin embargo, el actual Poder Ejecutivo considera que esa organización no produjo los resultados esperados y puede generar dificultades para investigar de manera simultánea el delito precedente y el lavado de sus ganancias.

El proyecto de reforma enviado al Parlamento propuso suprimir la fiscalía especializada y permitir que los fiscales responsables de investigar los delitos precedentes también investigaran las operaciones de lavado vinculadas.

La iniciativa obtuvo aprobación en el Senado, pero la eliminación de la fiscalía especializada no fue aprobada por la Cámara de Diputados.

Por tanto, la estructura no fue eliminada y continúa siendo necesario discutir si el problema identificado requiere una modificación legislativa, mejores protocolos de coordinación o un fortalecimiento de los recursos disponibles.

Jorge Díaz anuncia que el Ejecutivo podría insistir

Durante su intervención del 20 de noviembre, Díaz sostuvo que el funcionamiento actual representa un obstáculo para mejorar la persecución del lavado de activos.

El jerarca calificó a la fiscalía especializada como un cuello de botella y señaló que las formalizaciones y condenas obtenidas por este tipo de delitos son insuficientes.

También manifestó que el gobierno probablemente volverá a plantear modificaciones legislativas, aunque no anunció un nuevo proyecto formal ni una fecha de presentación.

Esta precisión es importante: existe una intención política de insistir en la reforma, pero todavía no puede afirmarse que el Parlamento tenga a estudio una nueva iniciativa con contenido definitivo.

La Operación Trazador expuso problemas de coordinación

Uno de los antecedentes que intensificó el debate fue la Operación Trazador, desarrollada durante setiembre de 2026.

La investigación, dirigida por la Fiscalía Especializada en Estupefacientes de 1.er Turno, permitió obtener tres condenas vinculadas con narcotráfico y otros delitos, entre ellos lavado de activos.

También se dispuso el decomiso ampliado de dinero, vehículos, armas y otros bienes relacionados con la organización criminal.

La → Fiscalía General de la Nación informó que fueron decomisados aproximadamente tres millones de pesos uruguayos, 42.000 dólares y diversos bienes.

Este resultado demuestra que existen investigaciones capaces de obtener condenas por lavado de activos. Por ello, las afirmaciones sobre la escasez de resultados deben evaluarse con estadísticas completas y períodos comparables.

La controversia surgió especialmente por las dificultades para desarrollar de manera integrada determinadas líneas de investigación financiera y de narcotráfico.

La Fiscalía defendió públicamente las actuaciones realizadas y explicó que los antecedentes disponibles no permitían vincular a otras personas con actividades de lavado en esa etapa de la investigación.

La discrepancia entre el Poder Ejecutivo y las autoridades fiscales plantea una cuestión institucional relevante: cómo mejorar la coordinación sin que las autoridades políticas interfieran indebidamente en decisiones propias de investigaciones penales.

Las redes de cobranza y las alertas que no funcionaron

Otro aspecto identificado por el gobierno es la necesidad de revisar los mecanismos de prevención utilizados por determinados intermediarios financieros y redes de pago.

En octubre, la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo examinó las debilidades de los controles sobre operaciones realizadas con grandes cantidades de dinero en efectivo.

El → Poder Ejecutivo informó que la evaluación nacional de riesgos vigente, elaborada en 2023, no contemplaba suficientemente determinados riesgos asociados con las redes de pago.

La Comisión también analizó asuntos vinculados con criptomonedas, oro e ingreso de dólares al país.

El objetivo es identificar operaciones inusuales, mejorar las alertas y facilitar que la información relevante llegue oportunamente a las autoridades competentes.

La existencia de operaciones sospechosas no demuestra automáticamente la comisión de un delito. Los mecanismos preventivos deben permitir detectar riesgos y desarrollar investigaciones con las garantías correspondientes.

La reforma también cuestiona decisiones del gobierno anterior

La discusión sobre lavado de activos incluye cambios normativos adoptados durante la administración de Luis Lacalle Pou.

La Ley de Urgente Consideración de 2020 amplió el límite general permitido para determinadas operaciones en efectivo hasta un millón de unidades indexadas, sujeto a las condiciones legales aplicables.

El actual Poder Ejecutivo propuso reducir ese límite a 270.000 unidades indexadas, con el propósito de restringir operaciones de gran volumen realizadas sin instrumentos de pago que faciliten su trazabilidad.

Desde una perspectiva de prevención, permitir operaciones de elevado valor en efectivo puede dificultar la reconstrucción de los movimientos de dinero y aumentar determinados riesgos de lavado.

Sin embargo, no corresponde afirmar que todas esas operaciones sean ilícitas ni que la ampliación del límite haya sido concebida para favorecer actividades criminales.

La crítica a la decisión del gobierno anterior debe concentrarse en sus posibles efectos sobre la trazabilidad y la prevención, así como en la necesidad de evaluar si las ventajas comerciales justificaron los riesgos adicionales.

La especialización también tiene argumentos a favor

Eliminar una fiscalía especializada no garantiza automáticamente investigaciones más eficaces.

Los delitos de lavado pueden involucrar estructuras societarias complejas, transferencias internacionales, operaciones inmobiliarias, activos digitales y mecanismos financieros que requieren conocimientos específicos.

Concentrar especialistas puede facilitar el desarrollo de esas capacidades y permitir una mayor uniformidad de criterios técnicos.

Por otra parte, una concentración excesiva de investigaciones en una única dependencia puede generar demoras y dificultades de coordinación con los fiscales que investigan los delitos precedentes.

La alternativa no necesariamente debe limitarse a conservar o eliminar una oficina. También pueden evaluarse equipos conjuntos, protocolos de intercambio de información, asistencia técnica especializada y mecanismos de coordinación temprana.

El debate parlamentario debería comparar esas opciones a partir de resultados verificables y no solamente de posiciones institucionales contrapuestas.

La independencia de Fiscalía es una garantía indispensable

El gobierno tiene responsabilidad en el diseño de políticas públicas de seguridad y en la promoción de reformas legislativas.

Pero las decisiones sobre investigaciones penales concretas corresponden al Ministerio Público dentro de sus competencias legales.

La coordinación entre organismos no puede convertirse en subordinación de las investigaciones fiscales a las preferencias del Poder Ejecutivo.

Una reforma institucional eficaz debe combinar cooperación, recursos técnicos y autonomía funcional, garantizando que las decisiones se adopten conforme a la ley y a las pruebas disponibles.

Qué resultados debería exigir la sociedad

Para evaluar cualquier reforma será necesario contar con información pública sobre la cantidad de investigaciones por lavado de activos, formalizaciones, condenas, bienes decomisados y tiempos de tramitación.

También deberá medirse la capacidad de detectar estructuras financieras complejas y de identificar a quienes obtienen los mayores beneficios económicos de las actividades criminales.

La cantidad de condenas constituye un indicador importante, pero no puede ser el único: también deben considerarse la complejidad de los casos, la calidad de las investigaciones y el respeto de las garantías procesales.

El objetivo no debería ser simplemente modificar el organigrama de Fiscalía, sino mejorar la capacidad del Estado para impedir que las ganancias del delito financien nuevas actividades criminales.

Seguir la ruta del dinero para combatir el crimen organizado

La iniciativa del gobierno coloca sobre la mesa una discusión necesaria para Uruguay: la lucha contra el narcotráfico no puede limitarse a incautar drogas o detener a quienes participan en los niveles más visibles de las organizaciones.

También es indispensable identificar las estructuras económicas que permiten sostener esas actividades, investigar el destino de las ganancias y recuperar los bienes obtenidos mediante delitos.

El anuncio de Jorge Díaz abre una nueva etapa del debate político y legislativo, pero todavía no constituye una reforma aprobada.

La responsabilidad del Poder Ejecutivo será presentar fundamentos técnicos sólidos y demostrar por qué los cambios propuestos mejorarían el sistema.

La responsabilidad del Parlamento será examinar las alternativas y garantizar que la búsqueda de eficacia no debilite la independencia judicial ni los derechos fundamentales.

El desafío final es construir una política pública capaz de seguir el dinero del crimen organizado, impedir que sus ganancias se incorporen impunemente a la economía y fortalecer las instituciones encargadas de investigar esos delitos.

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