Uruguay y Brasil rechazan utilizar un tratado de defensa militar contra el narcotráfico y defienden la soberanía de los países

Uruguay y Brasil rechazaron este viernes 20 de noviembre una propuesta presentada ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) para recurrir al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) como mecanismo de respuesta al crimen organizado y al narcotráfico. La iniciativa fue aprobada por 14 votos a favor, dos en contra y una abstención. La posición uruguaya, defendida por el embajador Edison Lanza, se fundamentó en la necesidad de preservar la soberanía de los Estados, distinguir los delitos comunes del terrorismo y fortalecer los instrumentos de cooperación judicial y policial ya existentes.

La resolución aprobada por el Consejo Permanente de la → Organización de los Estados Americanos (OEA) convoca al órgano de consulta del TIAR para examinar posibles medidas regionales contra las organizaciones criminales transnacionales.

El texto establece que las acciones a considerar serán diplomáticas, jurídicas o de otra naturaleza no militar. Por tanto, la aprobación no autoriza operaciones armadas ni constituye una decisión de intervención en ningún país.

Sin embargo, Uruguay y Brasil cuestionaron la conveniencia de utilizar un tratado de defensa colectiva para enfrentar problemas que consideran esencialmente vinculados con la seguridad pública, la investigación criminal y la cooperación judicial.

Una votación que dejó a Uruguay y Brasil en minoría

La propuesta fue impulsada inicialmente por Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

A esos países se sumaron Guatemala y Haití en la votación favorable. Uruguay y Brasil votaron en contra, mientras Bahamas se abstuvo.

México también manifestó reparos a la utilización del TIAR, pero no participó en la votación porque dejó de formar parte del tratado en 2002.

La resolución permitirá convocar una reunión de cancilleres de los Estados parte dentro de los próximos 75 días para considerar las medidas que podrían adoptarse.

Qué es el TIAR y por qué genera controversias

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca fue firmado en Río de Janeiro en 1947, en un contexto internacional marcado por el comienzo de la Guerra Fría.

Su objetivo principal fue establecer mecanismos de defensa y consulta colectiva frente a ataques armados y otras situaciones que pudieran amenazar la paz del continente americano.

El artículo 6 contempla la convocatoria de los Estados parte ante determinadas situaciones que puedan poner en peligro la paz de América, incluso cuando no exista un ataque armado.

Esta disposición es uno de los fundamentos jurídicos invocados por los países que promovieron la resolución.

No obstante, la amplitud de esa interpretación genera diferencias sobre los límites entre defensa colectiva, seguridad pública y soberanía nacional.

Uruguay: el crimen organizado no debe confundirse con terrorismo

El representante permanente de Uruguay ante la OEA, Edison Lanza, afirmó que el gobierno reconoce la gravedad del crimen organizado y sus consecuencias sobre las comunidades, las instituciones y las economías de la región.

Sin embargo, sostuvo que esa preocupación no justifica utilizar automáticamente un instrumento diseñado para responder a amenazas de otra naturaleza.

Lanza advirtió que el crimen organizado y el terrorismo están sometidos a regímenes jurídicos diferentes y que su equiparación indiscriminada puede afectar las garantías propias del Estado de derecho.

La posición uruguaya parte de una distinción fundamental: las organizaciones criminales pueden representar amenazas graves para la seguridad de los países sin que todas sus actividades deban ser consideradas jurídicamente actos terroristas.

Esa diferenciación no impide investigar vínculos concretos entre organizaciones delictivas y actividades terroristas cuando existan elementos que lo justifiquen.

Lo que Uruguay cuestiona es convertir esa posible relación en una equivalencia general que modifique los instrumentos jurídicos aplicables.

La soberanía y los límites de la intervención internacional

Uno de los aspectos centrales de la intervención uruguaya fue la defensa del principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados.

El gobierno considera que los mecanismos de cooperación regional deben respetar las competencias de las autoridades nacionales y las garantías judiciales.

La utilización de instrumentos de defensa colectiva para problemas de seguridad interna puede generar controversias sobre el alcance de las decisiones internacionales y su relación con la soberanía estatal.

Esta preocupación no significa que la resolución aprobada habilite actualmente intervenciones militares. El texto las excluye expresamente de las medidas que serán examinadas.

La discrepancia se refiere al instrumento elegido y a los precedentes que podría establecer su utilización en cuestiones de delincuencia organizada.

Por qué otros países defienden la iniciativa

Los gobiernos promotores sostienen que las organizaciones criminales transnacionales han adquirido una capacidad económica, territorial y operativa que supera las posibilidades de respuesta de muchos Estados por separado.

Durante la sesión, la representación chilena destacó que las amenazas del crimen organizado no reconocen fronteras y requieren mecanismos de cooperación regional.

Los representantes de Colombia y Perú subrayaron que la resolución excluye el empleo de las Fuerzas Armadas y se concentra en posibles acciones diplomáticas, jurídicas y de cooperación.

Desde Estados Unidos se defendió la necesidad de una respuesta colectiva frente a organizaciones que amenazan la seguridad del continente.

Estos argumentos deben considerarse al evaluar la iniciativa: el carácter transnacional del narcotráfico exige cooperación efectiva, intercambio de información y coordinación entre los países.

La diferencia con Uruguay no reside en reconocer o negar esa necesidad, sino en determinar si el TIAR constituye el mecanismo apropiado para organizar la respuesta.

La OEA ya dispone de mecanismos especializados

La delegación uruguaya sostuvo que la organización interamericana cuenta con instrumentos específicamente diseñados para enfrentar el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Entre ellos se encuentra la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), que desarrolla programas de cooperación, asistencia técnica y fortalecimiento institucional.

También existen mecanismos de coordinación entre autoridades nacionales competentes en delincuencia organizada transnacional y espacios especializados en seguridad hemisférica.

Uruguay considera que fortalecer esas herramientas permitiría mejorar la cooperación sin recurrir a interpretaciones extensivas de un tratado de defensa colectiva.

La posición presentada por Lanza incluyó propuestas para profundizar el intercambio de inteligencia, la cooperación judicial y los controles sobre el tráfico internacional de armas.

Seguir el dinero: una estrategia para debilitar a las organizaciones criminales

Uno de los puntos destacados por Uruguay fue la necesidad de actuar sobre las estructuras financieras que permiten funcionar a las organizaciones delictivas.

El narcotráfico requiere redes de transporte, almacenamiento, distribución, corrupción y mecanismos para incorporar sus ganancias a la economía formal.

La investigación del lavado de activos, la cooperación entre fiscalías y el intercambio de información financiera pueden contribuir a identificar responsables, recuperar bienes y desarticular organizaciones.

El embajador mencionó el trabajo del gobierno uruguayo en la elaboración de un Plan Nacional de Seguridad Pública y en la construcción de mecanismos coordinados para perseguir las economías ilícitas.

Esta orientación coloca el énfasis en la investigación criminal y la capacidad institucional del Estado, sin descartar las acciones policiales necesarias dentro del marco legal.

La posición de Brasil y la dimensión regional

Brasil acompañó a Uruguay en el rechazo a la convocatoria del TIAR.

La coincidencia tiene relevancia regional porque ambos países comparten una extensa agenda de cooperación en seguridad, fronteras, comercio y relaciones internacionales.

La oposición conjunta a la iniciativa no significa desconocer la gravedad de las organizaciones criminales que operan en América del Sur.

Por el contrario, plantea la necesidad de desarrollar respuestas regionales compatibles con las instituciones democráticas y los principios del derecho internacional.

México, aunque sin derecho a voto en este procedimiento, también cuestionó la utilización de un mecanismo concebido durante la Guerra Fría para enfrentar fenómenos contemporáneos de delincuencia organizada.

Qué consecuencias puede tener la resolución

La decisión de la OEA abre una nueva instancia de consultas entre los Estados parte del TIAR.

Los cancilleres deberán examinar qué medidas diplomáticas, jurídicas y de cooperación podrían adoptarse frente al crimen organizado transnacional.

Todavía no se ha aprobado un programa concreto de acciones ni existe autorización para operaciones militares.

Las futuras decisiones permitirán determinar si el mecanismo aporta herramientas adicionales a las existentes o si genera superposiciones institucionales.

También será importante evaluar cómo se garantizará la participación y cooperación de países que integran la OEA, pero no forman parte del TIAR.

Una discusión que trasciende la seguridad

El debate plantea una cuestión de fondo para las democracias americanas: cómo enfrentar amenazas criminales cada vez más complejas sin debilitar los principios jurídicos que sustentan la convivencia democrática.

El crimen organizado representa un desafío real para la seguridad, las instituciones y el desarrollo económico. Combatirlo requiere capacidades estatales, cooperación internacional y decisiones sostenidas.

Pero la eficacia de esas políticas también depende de la precisión de sus objetivos, la legalidad de sus instrumentos y la protección de los derechos fundamentales.

La posición uruguaya expresa una opción diplomática: fortalecer la cooperación internacional mediante mecanismos especializados y evitar que la respuesta al narcotráfico se confunda con las facultades propias de la defensa militar colectiva.

La votación dejó a Uruguay y Brasil en minoría, pero abrió una discusión legítima sobre los límites y las responsabilidades de la cooperación hemisférica.

El desafío será demostrar que las alternativas defendidas por ambos países pueden producir resultados concretos frente al narcotráfico, el lavado de activos y las organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras.

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