Caso Cayetano: siete muertes investigadas y las obligaciones de control sobre los residenciales

La investigación por siete muertes vinculadas al residencial Cayetano, en La Unión, vuelve a poner bajo examen la protección de las personas mayores. La ampliación de la imputación se resolvió el 10 de noviembre; la información divulgada este domingo aporta detalles sobre la causa y los controles que deben cumplir los centros de cuidados.

La Justicia amplió la formalización de la dueña y la encargada del residencial Cayetano por reiterados delitos de homicidio a título de dolo eventual. Según la información de la → Fiscalía General de la Nación recogida por Telemundo y Telenoche el 10 de noviembre, las evidencias vinculan siete fallecimientos con graves omisiones en los cuidados. La prisión preventiva de ambas fue extendida hasta el 4 de mayo de 2027.

La hipótesis fiscal atribuye el deterioro de las víctimas a falta de alimentación, deshidratación, higiene insuficiente y lesiones sin atención adecuada. Telenoche informó que cinco personas murieron después de la intervención y otras dos antes de la clausura. La investigación busca establecer la relación entre esas condiciones y cada fallecimiento.

Qué se conoce ahora y qué sigue pendiente

El País publicó este 15 de noviembre un informe basado en el audio de la audiencia. Allí recoge que la fiscal Sylvia Lovesio prevé continuar las indagatorias sobre empleados, personal médico y trabajadores sociales, incluidos posibles contactos relacionados con derivaciones al establecimiento. También atribuye a la fiscal la denuncia de un posible «pacto de silencio» que estaría dificultando obtener testimonios.

Esas líneas de investigación no equivalen a responsabilidades demostradas de todas las personas mencionadas. Tampoco la formalización constituye una condena: el artículo 4 del Código del Proceso Penal exige tratar como inocente a quien es investigado mientras su responsabilidad no quede establecida por sentencia firme.

La calificación de dolo eventual remite a un resultado que, aunque no se hubiera querido, se habría previsto. El artículo 18 del Código Penal contempla esa situación dentro de los hechos intencionales. Determinar si esa calificación corresponde al caso exige probar la conducta y el conocimiento de las imputadas; no se desprende automáticamente de la gravedad de las consecuencias.

Un anexo fuera del circuito declarado

El antecedente administrativo ayuda a comprender el problema. En declaraciones a Telemundo del 11 de julio, el subdirector general de Salud, Gerardo Bruzzone, explicó que Cayetano estaba en proceso de habilitación y que una inspección de mayo había dejado observaciones. El jerarca sostuvo que el → Ministerio de Salud Pública (MSP) desconocía la existencia del anexo donde se encontraron las condiciones de abandono.

Ese antecedente abre una pregunta de interés público: cómo lograr que la fiscalización alcance los lugares donde las personas viven efectivamente, además del domicilio declarado. La respuesta requiere reconstruir inspecciones, advertencias y actuaciones; la información disponible no permite atribuir por sí sola responsabilidades individuales a funcionarios públicos.

Registro y habilitación final son etapas diferentes

El MSP distingue tres etapas para los establecimientos de larga estadía para personas mayores: certificado de registro, certificado social del → Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y constancia de habilitación final del MSP. Por eso, iniciar el trámite o contar con un certificado de registro no equivale a completar la habilitación.

El → listado público del MSP diferencia ambas situaciones y señala las fechas de actualización de sus archivos. Para las familias, esa distinción permite consultar qué condición documentada tiene un centro y solicitar aclaraciones al organismo sobre su situación vigente.

La regulación distribuye tareas: el MSP tiene competencias sanitarias de habilitación y fiscalización; el Mides controla la dimensión social y el respeto de los derechos. El Decreto 356/016 exige dirección técnica médica, historias clínicas y programas de atención. También protege la dignidad, las visitas y la libertad de movimiento, con limitaciones que deben estar justificadas conforme a la normativa.

El cuidado como derecho y obligación pública

La → Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) visitó de oficio el residencial en julio y confirmó condiciones incompatibles con la dignidad humana. Reconoció la intervención de vecinos y organismos públicos, y reclamó esclarecer todas las responsabilidades y garantizar protección integral a las personas afectadas y sus familias.

Ese reclamo mantiene su pertinencia: la causa penal debe determinar responsabilidades por los hechos investigados, mientras la supervisión sanitaria y social debe prevenir nuevas vulneraciones. El Mides encuadra estas tareas en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, creado en 2015, y en la protección de los derechos humanos de las personas mayores. El desafío que deja Cayetano es hacer efectiva esa protección en la vida cotidiana de cada residente.

Fuentes principales

Telemundo. (2026, 10 de noviembre). → Investigan siete muertes en un residencial de La Unión. Información sobre la ampliación de la formalización comunicada por Fiscalía.


Telenoche. (2026, 10 de noviembre). → Declaraciones de la fiscal sobre las condiciones y los fallecimientos en Cayetano.


Abelenda, R. (2026, 15 de noviembre). → Mordidas de ratas y úlceras abiertas: las razones de la Justicia para imputar homicidio a encargadas de asilo. El País.


Telemundo. (2026, 11 de julio). → Residencial evacuado en La Unión estaba en proceso de habilitación del MSP; las malas condiciones se descubrieron en un anexo no declarado.


Ministerio de Salud Pública. (2026, 30 de junio). → Listado de residenciales habilitados y certificados por MSP que alojan a personas mayores.


Ministerio de Desarrollo Social. (s. f.). → Regulación de los establecimientos de larga estadía para personas mayores. Consulta: 15 de noviembre de 2026.


INDDHH. (2026, 13 de julio). → Irregularidades en residencial de personas mayores genera alarma.


Uruguay. (2016, 7 de noviembre). → Decreto 356/016, regulación de los servicios de cuidados a personas mayores. IMPO.


Uruguay. → Código Penal, artículo 18; → Código del Proceso Penal, artículo 4. Textos actualizados en IMPO; consulta: 15 de noviembre de 2026.

medios.uy · Elaboración propia a partir de fuentes verificadas. 15 de noviembre de 2026.

Imagen: ilustración editorial de medios.uy generada con inteligencia artificial. Representa cuidados y supervisión de personas mayores; no muestra a las víctimas ni al residencial Cayetano.

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