El Ministerio de Desarrollo Social impulsa un proyecto de ley para crear una Junta Nacional de Políticas de Discapacidad y una comisión de participación social. La iniciativa busca coordinar la actuación de distintos organismos y deberá pasar por Presidencia antes de ser remitida al Parlamento: todavía no es una política aprobada.
El proyecto fue presentado por el → Ministerio de Desarrollo Social (Mides) como parte de una propuesta de reorganización institucional en discapacidad. Según informó → Presidencia de la República el 3 de noviembre, el Mides prevé enviar el texto a Presidencia para su estudio y posterior remisión al Parlamento.
La junta se plantea como un ámbito supraministerial para coordinar y orientar políticas que hoy involucran a distintas áreas del Estado. El borrador de ley también crea una Comisión Nacional de Participación de Personas con Discapacidad, con representación de organizaciones sociales, para incorporar sus aportes al diseño y seguimiento de las medidas.
La versión del proyecto publicada por el Mides durante la consulta ciudadana proponía que la junta reuniera a autoridades de varios ministerios y organismos públicos, entre ellos Educación, Salud, Trabajo, Vivienda, la Administración Nacional de Educación Pública y el Banco de Previsión Social. Esa composición corresponde a un borrador: el texto final puede cambiar durante su estudio y trámite legislativo.
La iniciativa completa una arquitectura institucional que ya incluye al Instituto Nacional de Discapacidad (Inadis), creado como dirección nacional en la órbita del Mides. En junio, el ministerio abrió una consulta sobre un segundo borrador; la plataforma ciudadana fijó como etapa siguiente la devolución de los aportes y la presentación del proyecto ante el Parlamento. Sin embargo, al 3 de noviembre el Mides informó que el texto aún debía pasar por Presidencia.
La coordinación deberá traducirse en acceso efectivo
El desafío de la propuesta será convertir la coordinación institucional en mejoras concretas y evaluables. La propia comunicación oficial señala brechas de acceso a derechos como educación, salud y vivienda. El Mides informó que los datos del Censo Nacional de 2023 muestran que las personas con discapacidad acceden a esos derechos en menor medida que el resto de la población.
La creación de nuevos ámbitos, por sí sola, no garantiza que esas brechas se reduzcan. Para medir su efecto será relevante conocer qué responsabilidades tendrá cada organismo, cómo se financiarán las medidas y qué mecanismos permitirán a las personas con discapacidad participar e incidir en las decisiones, también fuera de Montevideo.
Otro paso anunciado por el Inadis es el Plan Nacional por la Accesibilidad y los Derechos de las Personas con Discapacidad, organizado en diez ejes y previsto para el 3 de diciembre. La junta y la comisión todavía dependen del trámite legislativo; el plan será una instancia para observar qué compromisos concretos asumen los organismos del Estado.
Fuentes principales
Presidencia de la República. (3 de noviembre de 2026). Proyecto de ley propone crear una junta nacional que rija las políticas de discapacidad. → Ver fuente.
Ministerio de Desarrollo Social. (2 de junio de 2026). Uruguay avanza hacia una nueva institucionalidad para las políticas de discapacidad. → Ver fuente.
Plataforma de Participación Ciudadana Digital. (2026). Consulta pública: Desarrollo institucional para las políticas de discapacidad. → Ver fuente.
medios.uy - Elaboración propia a partir de fuentes verificadas. 4 de noviembre de 2026.
Crédito de imagen: medios.uy. Ilustración generada con inteligencia artificial; representa una instancia ficticia de participación y no documenta una reunión real.
