Vivienda promovida: las exoneraciones ampliadas por el gobierno anterior impulsaron el negocio inmobiliario, pero debilitaron el acceso de las familias

El gobierno uruguayo estudia modificaciones al régimen de vivienda promovida después de reconocer que los beneficios tributarios destinados a estimular la construcción no siempre facilitaron el acceso a una vivienda a las familias que más lo necesitan. Las reformas aprobadas en 2020, durante la administración de Luis Lacalle Pou, eliminaron límites de precios, ampliaron exoneraciones y favorecieron la construcción de apartamentos pequeños. El resultado fue un aumento de la actividad inmobiliaria, acompañado de cuestionamientos sobre el destino social de los recursos públicos utilizados para incentivar esas inversiones.

La controversia volvió a cobrar actualidad tras las declaraciones del subsecretario de Vivienda, Christian Di Candia, quien reconoció dificultades para que el sistema cumpla uno de sus propósitos originales: facilitar el acceso a una vivienda a hogares de ingresos medios y medio-bajos.

El jerarca señaló que la vivienda promovida contribuyó a revitalizar zonas urbanas y estimular la inversión privada, pero advirtió que esos resultados no equivalen necesariamente a mejorar las posibilidades de compra o alquiler de las familias destinatarias de la política.

La discusión tiene antecedentes precisos. En abril de 2020, el gobierno de Luis Lacalle Pou modificó la reglamentación de la Ley 18.795, aprobada en 2011, que estableció incentivos tributarios para promover la construcción de viviendas.

De una política de vivienda a una política de estímulo inmobiliario

La legislación de 2011 buscaba combinar dos objetivos: aumentar la construcción de viviendas mediante inversión privada y facilitar el acceso habitacional de sectores de ingresos medios y medio-bajos.

Durante las administraciones anteriores a 2020 se introdujeron mecanismos para vincular los beneficios tributarios con condiciones de comercialización. Entre ellos figuraban límites de precios y la reserva de determinadas unidades para programas de acceso a la vivienda.

La reglamentación aprobada en abril de 2020 modificó sustancialmente ese equilibrio.

El gobierno anterior eliminó los precios máximos de venta y la obligación de comprometer una proporción de las viviendas para su comercialización mediante programas del Ministerio de Vivienda.

También habilitó la promoción tributaria de monoambientes de entre 25 y 40 metros cuadrados, eliminó el límite que restringía al 50% las unidades de un dormitorio en determinados proyectos y amplió los beneficios para desarrolladores e inversores.

La reforma respondió a reclamos del sector privado, que sostenía que las restricciones existentes afectaban la rentabilidad de los emprendimientos.

La decisión implicó una modificación relevante de las prioridades del instrumento: se fortalecieron los estímulos a la inversión y se redujeron las obligaciones destinadas a garantizar que parte de las viviendas llegara a los hogares contemplados originalmente.

El propio gobierno anterior reconoció las consecuencias

Uno de los documentos más significativos para evaluar estas decisiones es el balance oficial del Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat 2020-2024, elaborado durante la administración anterior.

Ese informe reconoce que las modificaciones de 2020 ampliaron los beneficios tributarios para proyectos e inversores y que constituyeron la reglamentación más favorable para estos últimos desde la creación del programa.

El documento también señala que la eliminación de los límites de precios y de las obligaciones de comercialización mediante el Ministerio de Vivienda afectó los mecanismos de acceso previstos para familias de ingresos medios y medio-bajos.

Un dato particularmente significativo es que la modificación permitió que unas 700 viviendas anteriormente comprometidas con el Programa Compra de Vivienda Promovida pudieran comercializarse sin los topes de precios y sin la intervención de ese mecanismo ministerial.

No se trata, por tanto, únicamente de una crítica formulada por la actual administración. Los propios documentos de gestión del período 2020-2024 identificaron el desplazamiento de las prioridades hacia el estímulo de la inversión.

Los monoambientes muestran el efecto de las exoneraciones

La evolución de los apartamentos monoambiente permite observar las consecuencias de los cambios regulatorios.

Según datos divulgados por autoridades de la → Agencia Nacional de Vivienda (ANV), antes de la modificación de 2020 se habían construido 206 monoambientes dentro de proyectos de vivienda promovida, pero sin acceder a las exoneraciones específicas para esas unidades.

Tras la reforma se promovieron 3.357 monoambientes y otros 984 se encontraban a estudio, según las cifras difundidas en noviembre de 2026. Es importante distinguir las viviendas promovidas de aquellas todavía en evaluación: las 4.341 unidades mencionadas no equivalen a viviendas efectivamente construidas.

El vicepresidente de la ANV, Gustavo Machado, vinculó expresamente el crecimiento de este tipo de apartamentos con los beneficios tributarios introducidos en 2020.

La evolución demuestra la capacidad de los incentivos fiscales para orientar las decisiones del sector inmobiliario. También plantea una cuestión de política pública: si el Estado puede influir en el tipo de viviendas que se construyen, corresponde evaluar si los beneficios otorgados responden a las necesidades habitacionales de la población.

El costo de las exoneraciones y el beneficio social

Las exoneraciones tributarias representan ingresos fiscales que el Estado deja de percibir para promover determinadas actividades.

En el caso de la vivienda promovida, el propósito consiste en estimular inversiones privadas que generen beneficios económicos, urbanos y sociales.

Sin embargo, cuando desaparecen las condiciones de precios y los mecanismos que vinculan una parte de la oferta con hogares de ingresos medios y medio-bajos, resulta más difícil demostrar que el beneficio tributario se traduce efectivamente en mejores oportunidades de acceso a la vivienda.

La pregunta central no es si las empresas deben obtener rentabilidad. La inversión privada necesita condiciones económicas que permitan desarrollar proyectos. La cuestión es qué contraprestaciones sociales deben exigirse cuando esos emprendimientos reciben beneficios financiados indirectamente por el conjunto de los contribuyentes.

Para evaluar el resultado de la política sería necesario publicar información sistemática sobre el gasto tributario, los precios finales de venta y alquiler, el destino de las unidades y las características socioeconómicas de quienes acceden a ellas.

Sin esa información, el crecimiento de la construcción no permite establecer por sí solo cuánto mejoró el acceso habitacional de los sectores que justificaron originalmente el régimen.

La inversión aumentó, pero eso no resuelve toda la discusión

La flexibilización de 2020 tuvo resultados relevantes para la actividad privada. La ANV informó en mayo de 2021 que, desde la entrada en vigor de la nueva reglamentación, habían ingresado 159 proyectos al sistema.

El incremento de emprendimientos contribuyó a dinamizar la construcción y la actividad inmobiliaria, con efectos sobre el empleo y la renovación urbana.

Estos resultados deben ser considerados en cualquier evaluación rigurosa. Sin embargo, no permiten concluir automáticamente que los beneficios fiscales fueron distribuidos de manera equitativa ni que las viviendas resultantes fueran accesibles para los hogares con mayores dificultades.

La diferencia entre promover inversión y garantizar acceso a la vivienda constituye precisamente el centro del debate.

Qué cambios se discuten actualmente

En noviembre de 2026 se encuentra en discusión parlamentaria una propuesta presentada por el senador Gustavo González para modificar las condiciones aplicables a determinadas viviendas promovidas.

La iniciativa plantea elevar de 25 a 35 metros cuadrados la superficie mínima y exigir al menos un dormitorio, buscando revisar el estímulo a unidades de dimensiones reducidas.

El Ministerio de Vivienda ha reconocido la necesidad de analizar el régimen, aunque las modificaciones todavía deben atravesar los procedimientos legislativos y administrativos correspondientes.

La propuesta no constituye una norma vigente. Tampoco debe suponerse que aumentar el metraje mínimo resolverá por sí solo el problema del acceso a la vivienda: los precios, el financiamiento, la localización y los ingresos de los hogares seguirán siendo factores determinantes.

Una política habitacional debe medirse por las familias que beneficia

La vivienda no es solamente un activo financiero o una oportunidad de inversión. Es también una necesidad básica y un componente fundamental de la integración social.

El Estado puede utilizar incentivos privados para ampliar la oferta, pero debe establecer objetivos verificables y condiciones que aseguren una contribución efectiva al interés general.

Entre las alternativas que merecen evaluación se encuentran la recuperación de compromisos de comercialización a precios accesibles, la vinculación de exoneraciones con metas sociales, el fortalecimiento de los programas de apoyo a compradores y arrendatarios y la publicación periódica del costo fiscal de los beneficios.

También resulta necesario considerar la diversidad de hogares: personas que viven solas, parejas, familias con hijos, adultos mayores y personas con discapacidad presentan necesidades habitacionales diferentes.

Una política pública eficaz debería contemplar esa diversidad sin perder de vista a quienes no pueden acceder al mercado inmobiliario en las condiciones habituales.

La responsabilidad de revisar los resultados

La reforma de 2020 muestra cómo una decisión regulatoria puede modificar rápidamente los incentivos económicos de un sector.

El gobierno de Lacalle Pou priorizó la eliminación de restricciones para estimular la construcción privada. Los documentos oficiales permiten constatar que esa orientación aumentó las ventajas para los inversores y redujo instrumentos destinados a facilitar el acceso habitacional de determinados sectores.

Eso no demuestra por sí mismo irregularidades ni conductas ilícitas de las empresas beneficiarias. Sí justifica una revisión crítica de las decisiones públicas y de la relación entre los recursos tributarios comprometidos y los resultados sociales obtenidos.

La administración actual tiene la oportunidad de evaluar el sistema sobre la base de información verificable, reconocer los efectos positivos de la inversión y corregir aquellos aspectos que dificultan el cumplimiento de los objetivos sociales.

El desafío consiste en que los incentivos públicos no se midan solamente por la cantidad de metros cuadrados construidos o por el volumen de inversiones anunciadas, sino también por su contribución efectiva a garantizar viviendas adecuadas y accesibles.

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